Tocineando a la Bipolar

De todo lo que soy y lo que tengo

¿Justicia = Justa? abril 15, 2010

Las investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por los aparatos franquistas, están centradas en las desapariciones forzosas ocurridas entre 1936 y 1952. Esos son los años en los que se cometen sistemáticamente fusilamientos, desapariciones, persecución política y todo tipo de vulneraciones de los derechos humanos en el Estado Español, pero la dictadura y la represión franquista no acaban ahí. Existen 35 responsables militares de los crímenes cometidos entre 1936 y 1952, todos ellos fallecidos. De hecho, a fecha de hoy, siguen vivos 18 de los ministros que acompañaron a Franco en sus cuatro largas décadas de dictadura. Entre ellos, Fraga Iribarne, Villar Palasí, Licinio De la Fuente, López de Letona, Monreal Luque, Barrera de Irimo, Fernando Liñan, José María Gamazo, José Utrera Molina, Nemesio Fdez. Cuesta… Y es evidente que, durante su mandato, todos ellos fueron corresponsables, junto con Franco, de la represión de todo tipo de libertades; de los fusilamientos a los que dieron su visto bueno en el Consejo de Ministros, de las torturas y asesinatos cometidos por su Policía y de la apropiación de todo tipo de prebendas para beneficio propio.

Los últimos 25 años de la dictadura militar franquista, impuesta tras la victoria de los golpistas sobre los defensores de la legalidad democrática de la II República española incluye dos tipos de información:

a)Los nombres de las personas que integraron los gobiernos franquistas y preconstitucionales, desde el 6º gobierno franquista proclamado en julio de 1951 hasta la aprobación de la Constitución española en diciembre de 1978.

b)150 víctimas mortales de la represión política, correspondientes a este periodo 1952-1978, clasificados cronológicamente con cada uno de los gobiernos que se encargaba en ese momento de gestionar y controlar el poder establecido. Se han censado 150 personas asesinadas por la policía franquista en diferentes situaciones (manifestaciones, controles de carretera, interrogatorios, emboscadas…) o condenadas a muerte y ejecutadas legalmente. Algunos eran militantes de organizaciones armadas antifranquistas, otros ciudadanos que reivindicaban libertades civiles, otros trabajadores que protestaban para conseguir mejoras laborales, otros simplemente civiles que fueron víctimas del gatillo fácil de las fuerzas del orden público en carreteras, pueblos o calles. También se han incluido entre estas 150 muertes víctimas que oficialmente no se atribuyen a los aparatos del Estado, si no que son asesinadas por grupos paramilitares de ultraderecha enmarcados en la actuación de elementos vinculados a las estructuras policiales o mercenarios contratados por estos para desarrollar acciones de guerra sucia contra activistas políticos.

Después de esto, Garzón busca a los desaparecidos del franquismo. El juez abre diligencias y recaba datos para poder investigar si el 18 de julio de 1936 desencadenó un genocidio en España. La iniciativa del juez de la Audiencia Nacional no es una respuesta espontánea. Durante años, varias asociaciones de víctimas del franquismo y afectados individuales se han dirigido a este juzgado para denunciar que en España hubo un genocidio. Un “exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, de etnia, de religión, de política o de nacionalidad” –como lo define la Real Academia Española– que está todavía por investigar.

Y ahora, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón será finalmente sentado en el banquillo y juzgado por un presunto delito de prevaricación (delito que consiste en que una autoridad,  juez u otro funcionario público dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas de que dicha resolución es injusta. Creerse con tanta autoridad como para estar por encima de la ley sin ser así. Dicha actuación es una manifestación de un abuso de autoridad) que habría cometido al investigar las desapariciones durante el franquismo. Es la principal conclusión de la decisión tomada por el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela, que ha resuelto la transformación en procedimiento abreviado de la causa que se sigue en el Tribunal Supremo contra el juez Garzón.

Es decir, que van a juzgar a Garzón por tratar de investigar los crímenes de la dictadura, porque parece que se ha salido del tiesto al intentar hacerlo o ha metido la mano en el bote de las galletas prohibidas. En mi familia, no ha habido victimas como tal, de la dictadura, pero ha habido encarcelamientos, torturas, despidos  y persecuciones por la ideología y posicionamiento político que siempre han tenido. Yo ahora todo eso lo veo como pasado, pero como decía mi abuela, para saber donde vas, es bueno saber de donde vienes. Y creo, que en este país, a mucha gente. eso, le da pánico.

Anuncios
 

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s